El Gobierno nacional fijó para el 27 de agosto la fecha de presentación de ofertas para privatizar AySA, la empresa que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
La licitación pone en juego el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. mediante una concesión de 30 años. El 10% restante quedará para un programa de propiedad participada destinado a los empleados.
El proceso forma parte del plan de privatizaciones habilitado por la Ley Bases. El Gobierno de Javier Milei lanzó la convocatoria nacional e internacional en mayo.
Por la venta del paquete accionario, el Estado espera recaudar US$450 millones, según el pliego. El documento no establece una base de licitación ni un precio mínimo público.
A cambio, el concesionario deberá comprometer US$15.040 millones en inversiones a lo largo de las tres décadas. El pliego desagrega US$1.940 millones para el primer quinquenio y US$2.030 millones para el segundo.
Las metas de cobertura
Hoy el servicio de agua potable alcanza al 75,3% de los usuarios y el de cloacas, al 63,9%. El pliego fija como objetivo para los primeros diez años elevar esos valores al 78,9% y al 65,3%, respectivamente.
También apunta a mejorar la presión del agua. La meta es pasar del 58% al 61% de servicio satisfactorio, con un objetivo posterior del 67%.
Las obligaciones incluyen renovar 500 kilómetros de red de agua y 125 de red cloacal por cada ciclo de cinco años, además de instalar 100.000 medidores por año.
Quiénes se anotan
Entre los interesados locales figuran cuatro grupos. El de Mauricio Filiberti —socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor— se presenta junto con Rowing. También aparecen el Grupo Roggio, que opera Aguas Cordobesas; la constructora JCR, de Juan Carlos Relats; y los hermanos Neuss.
En reuniones preparatorias participaron oferentes internacionales: la brasileña Sabesp, la francesa Veolia —con filial local en barrios privados— y la israelí Mekorot.
El grupo Filiberti-Rowing es, desde 2009, proveedor monopólico del policloruro de aluminio, insumo clave para la potabilización, y en 2023 ganó una licitación de AySA por US$127 millones en un proceso cuestionado. El plazo para consultas sobre los pliegos vence el 12 de agosto.