Unas 49.000 personas ingresaron de manera irregular a Ceuta, el territorio autónomo español enclavado en la costa mediterránea de Marruecos. Según el primer cálculo oficial, se trata de la mayor oleada migratoria registrada en la ciudad, muy por encima de cualquier antecedente conocido.
El ingreso se concentró en un lapso muy breve, lo que agravó la emergencia en el enclave.
Al menos 19 cadáveres fueron hallados en el contexto de los cruces masivos.
Las personas llegaron por mar y por tierra. Miles continuaron acercándose a la frontera marroquí pese al despliegue de fuerzas de seguridad de ese país.
No hay coincidencia sobre el período en que se produjo el ingreso. Algunos reportes de agencias internacionales lo ubican en los últimos días; otros medios lo sitúan en una sola jornada.
La respuesta de Madrid
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó este viernes 31 de julio a Ceuta para supervisar la situación de emergencia.
España reforzó la seguridad de la ciudad con efectivos del Ejército, en un intento por contener la llegada de personas. Madrid y Rabat, además, reforzaron la valla que separa el enclave del territorio marroquí.
Del lado marroquí, la localidad de Castillejos —conocida como Fnideq— fue señalada como el principal punto de concentración de migrantes frente a la frontera.
Ceuta funciona desde hace años como una de las principales puertas de entrada a territorio europeo. El antecedente más recordado ocurrió en mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron en dos días. La magnitud actual superaría ampliamente aquel registro.
El episodio se produce en medio de tensiones diplomáticas entre España y Marruecos y de un debate renovado en la Unión Europea sobre el control de sus fronteras exteriores.
Presión en la Unión Europea
La crisis reavivó la tensión dentro del bloque. Finlandia respaldó la propuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen como respuesta a lo ocurrido en Ceuta.
El espacio Schengen agrupa a los países europeos que suprimieron los controles en sus fronteras internas para garantizar la libre circulación de personas.
La iniciativa, impulsada por Italia y ahora con aval finlandés, agrega presión política sobre el gobierno de Sánchez, que afronta cuestionamientos dentro de la propia Unión Europea por su manejo de la frontera.