El Consejo de Estado de Cuba publicó el Decreto-Ley 133, que autoriza la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores. La norma elimina el techo de 100 empleados que regía para el sector privado desde la legalización de las mipymes y crea una categoría de empresa privada de gran tamaño, con capacidad de asociarse con capital extranjero.
El Decreto-Ley 133 fue emitido el 19 de agosto de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 71 Ordinaria. Integra las 176 transformaciones económicas y sociales que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2026.
La isla atraviesa una crisis económica prolongada, con caída de la producción, inflación, escasez de divisas y apagones extendidos.
La clasificación vigente define a las microempresas de 1 a 10 personas ocupadas, a las pequeñas de 11 a 35 y a las medianas de 36 a 100. Por encima de ese límite queda ahora la nueva figura empresarial.
Según el texto del decreto recogido por la Gaceta Oficial, esas empresas podrán administrar su patrimonio, operar cuentas bancarias y determinar su estructura, su plantilla y los ingresos de sus trabajadores.
La publicación llegó acompañada de otras normas del mismo paquete. El Decreto-Ley 128 flexibiliza la inversión extranjera al modificar la Ley 118 de 2014: permite a las empresas extranjeras contratar personal de forma directa y abrir cuentas bancarias en el exterior. Fue firmado el 28 de julio por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El Decreto-Ley 130 extiende el usufructo de tierras estatales hasta 99 años, con posibilidad de una prórroga por otros 99 años.
El presidente Miguel Díaz-Canel marcó los límites del giro. «No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional», afirmó el 30 de julio ante la Asamblea Nacional.
El sector no estatal concentra el 31,5% de los 4,14 millones de ocupados en Cuba, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
El número de empresas privadas en actividad difiere entre las fuentes oficiales. El Gobierno informó en julio que operaban 15.000 pequeñas y medianas empresas, mientras que los registros de la ONEI contabilizaban 9.550 mipymes en marzo.
Resta por confirmarse la fecha exacta de entrada en vigor. Según la agencia EFE, la norma comienza a regir a la semana de su publicación en la Gaceta Oficial, mientras que otras versiones la dan por vigente desde su propia aparición.