Un abogado de 45 años quedó detenido y su socio permanece prófugo, acusados de montar un esquema Ponzi que defraudó por más de un millón de dólares en el conurbano bonaerense. Ya son nueve los damnificados identificados en la causa, según el Ministerio Público Fiscal.
El detenido es Elías Ángel Gómez, de 45 años, abogado y presidente de la firma Atila World Trade S.A. La Justicia le negó la excarcelación tras el procedimiento en su domicilio.
Su socio, Juan Ignacio Lombardo, vicepresidente de la misma sociedad, tiene pedido de captura activo y sigue prófugo.
La maniobra se articulaba a través de la empresa Avalon Capital Futures Investments, que captaba inversores con la promesa de ganancias extraordinarias mensuales mediante operaciones con soja y criptomonedas. Los contratos comprometían la devolución total del capital en plazos determinados, la modalidad clásica de la estafa piramidal.
La operación funcionaba desde la oficina N° 412 del Edificio Cifres, en Martín Fierro 3300, en Parque Leloir, dentro del predio Parque Thays.
Vehículos, efectivo y equipos secuestrados
En los procedimientos se incautaron tres vehículos: un Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S gris y una Dodge RAM 1500 blanca. También se secuestraron teléfonos, dos notebooks y 700.000 pesos en efectivo, de acuerdo con la Policía y la Fiscalía.
El fiscal Lucio Rivero solicitó la inhibición total de bienes y el embargo preventivo sobre todos los activos de ambos imputados. La búsqueda de Lombardo continúa activa.
Al declarar en la indagatoria posterior a su detención, Gómez se despegó del prófugo. "Solo amigo de Lombardo", dijo el abogado en su defensa.
Lombardo carga con antecedentes. Ya había sido imputado en la causa conocida como la "mafia de los contenedores", de la que se desvinculó al pagar USD 250.000 al amparo de la Ley 27.743.
El vicepresidente también se presentaba como director de Administración y Finanzas de la Cámara de Comercio del Mercosur, un vínculo que la institución desmintió públicamente.
Atila World Trade S.A. fue creada en 2022 y no tiene balances contables registrados ante la Inspección General de Justicia.
El penalista Juan Alberto Silvestrini, de Morón, representa a parte de los nueve damnificados de la causa.