El Ministerio de Capital Humano asignó $1,33 billones al programa de Educación Superior para dar cumplimiento a la cautelar judicial sobre la Ley de Financiamiento Educativo. La medida quedó formalizada en un decreto de necesidad y urgencia publicado el 17 de julio en el Boletín Oficial.
El mismo DNU amplía el Presupuesto 2026 en más de $4 billones en total.
De los $1,33 billones destinados a la educación superior, el 98% corresponde a transferencias a las universidades nacionales. El resto se dirige a becas estudiantiles.
El decreto responde a una resolución de la Corte Suprema. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Gobierno y dejó firme la cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la ley.
La demanda que dio origen a esa cautelar había sido presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Una disputa que llegó al Congreso y a la Corte
La Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada por el Congreso en 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron con dos tercios de los votos y la convirtieron en norma vigente.
El Ejecutivo apeló la cautelar hasta la última instancia. Con el rechazo de la Corte, el cumplimiento formal quedó a cargo del propio Gobierno, que lo canalizó a través de la ampliación presupuestaria.
La asignación de los créditos, sin embargo, no equivale a un giro inmediato de dinero. El Gobierno aclaró que la incorporación de las partidas en el DNU no implica una transferencia automática a las universidades.
El reclamo salarial de fondo
Detrás del expediente judicial hay un conflicto por los ingresos de docentes y no docentes universitarios, que perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo por la inflación.
Los rectores calculan que la recomposición salarial pendiente para cumplir con lo que exige la cautelar es del 25%.
A fines de mayo de 2026 ya se había concretado un aumento del 21,3% para el sector. Para octubre está previsto un incremento adicional del 3%.
Los fondos asignados por el decreto podrán distribuirse en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2026. No existe un plazo mínimo de transferencia fijado.