El Poder Ejecutivo envió al Senado el 22 de julio un proyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, vigente desde 2001. La iniciativa forma parte del paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La norma establece el precio único del libro. El editor fija el valor de venta al público de cada título y ese precio debe respetarse en todos los canales: librerías, cadenas comerciales, supermercados y plataformas de venta en línea.
La ley admite descuentos acotados. Los diferencia según el tipo de comprador —público general, docentes y estudiantes en ferias— y según el destino, como los programas de venta a bibliotecas.
El argumento oficial apunta al precio de góndola. «Derogar esta ley permitirá el acceso a libros más baratos», sostuvo Sturzenegger, que además puso en duda el sentido de la actual regulación: «¿A quién protege exactamente esa prohibición?».
Del otro lado se ubicó buena parte del sector editorial.
La Cámara Argentina del Libro, que agrupa a 500 editoriales pequeñas y medianas, expresó su profunda preocupación. Para la entidad, la ley es una herramienta fundamental de política pública para promover el acceso al libro y a la lectura, fortalecer la producción editorial nacional y preservar una red federal de librerías.
La cámara advirtió que, de concretarse la derogación, las pequeñas y medianas librerías de todo el país verían comprometida su continuidad. Con ellas, sostuvo, desaparecerían miles de puestos de trabajo.
La escritora Claudia Piñeiro también rechazó la propuesta. «Baja el precio, funde a los pequeños y después ponen el precio», escribió en redes sociales. El periodista y escritor Luis Novaresio se sumó al rechazo por la misma vía.
El sistema tiene un peso concreto en el circuito comercial. La mayoría de las ventas de libros del sector editorial comercial en Argentina se realiza a través de librerías, por encima de las grandes cadenas y las plataformas digitales. La red de librerías independientes del país es una de las más extensas de la región, con fuerte concentración en la Ciudad de Buenos Aires.
La producción editorial argentina creció de 12.000 novedades en 2001 a 34.000 en 2023. En el debate también se mencionó a cadenas como Yenny y Cúspide entre los actores que podrían beneficiarse de un régimen de precios libres.
El precio único no es exclusivo de Argentina. Alemania, España, Francia, Portugal, Bélgica, Corea del Sur y Japón cuentan con leyes similares. En el Reino Unido, donde no rige, un tercio de las librerías de barrio cerró al no poder competir con las grandes cadenas y las plataformas.
El proyecto quedó a la espera de tratamiento en el Senado.