El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó el 2 de julio la multa de 4.125 millones de euros a Google por abusar de su posición dominante con el sistema operativo Android. El fallo es definitivo e inapelable.
Es la mayor sanción antimonopolio jamás ratificada en la Unión Europea, unos 4.700 millones de dólares.
La conducta sancionada era una atadura. Google obligó a los fabricantes de teléfonos a preinstalar once aplicaciones propias, entre ellas Search y Chrome, como condición para acceder a Google Play Store, la tienda desde la que se descargan casi todas las apps de la plataforma.
El tribunal encuadró esa práctica como abuso de posición dominante, tipificado en el Artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El expediente quedó registrado como asunto C-738/22 P.
La causa venía de lejos. La Comisión Europea abrió la investigación en 2015 y en julio de 2018 impuso una multa de 4.343 millones de euros. El litigio se extendió por más de diez años.
Con esta confirmación, Google agota las instancias de apelación disponibles en la Unión Europea.
La compañía adelantó que no comparte la decisión.
«Android provee más elecciones para todo el mundo y ofrece soporte a miles de negocios. Esta sentencia no reconoce nuestra inversión significativa para asegurar que Android se mantenga abierto, interoperable y gratuito», sostuvo un portavoz de Google.
Qué cambia en septiembre
Desde septiembre de 2026, los fabricantes que vendan dispositivos en Europa dejarán de estar obligados a precargar Google Search o Chrome. Al configurar un Android nuevo, el usuario europeo podrá elegir entre varios motores de búsqueda y navegadores.
La compañía sumará además un requisito para desarrolladores. Deberán acreditar identidad verificada incluso para distribuir aplicaciones por fuera de Google Play Store.
El recorrido judicial ya había tenido una escala. En 2022, el Tribunal General de la UE ratificó la sanción pero la redujo desde los 4.343 millones iniciales, al anular en parte las acusaciones sobre acuerdos de reparto de ingresos.
El fallo abre otro frente. Los competidores podrán iniciar demandas civiles en toda la Unión Europea y presentar la sentencia como prueba plena de conducta anticompetitiva.