Cuatro efectivos de la Policía de Neuquén fueron imputados por la agresión a dos jóvenes en Centenario, en un episodio ocurrido a la salida de un boliche y registrado por cámaras de seguridad.
Los imputados son el sargento Alejandro Gavilán, los cabos primeros Nahuel Quiroz y Antonio Millao y la agente Agustina Benítez. Los cuatro pertenecían a la Comisaría 52 de Centenario.
El hecho ocurrió el 1 de agosto, entre las 5.20 y las 5.30 de la madrugada, en la calle Jacinto Stabile de Centenario. Los policías cumplían un servicio de policía adicional.
Según la reconstrucción de la acusación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, las víctimas fueron retiradas del local por personal de seguridad privada. Ya en la vía pública, los tres policías varones las atacaron a golpes de puño y patadas. De acuerdo con la acusación, Millao sujetó a uno de los jóvenes mientras Quiroz y Gavilán lo golpeaban.
Las pericias médicas documentaron en las dos víctimas múltiples contusiones, excoriaciones, lesiones dentales, pérdida de movilidad articular y derrames oculares graves, de acuerdo con la acusación.
En la audiencia, la fiscal Paula González acusó a Gavilán, Quiroz y Millao como presuntos autores del delito de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal. A Benítez le atribuyó una responsabilidad por omisión impropia.
La prueba central de la investigación son las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron la golpiza. La fiscalía sumó además un informe de la Oficina Pericial de Investigaciones, entrevistas a las víctimas, constancias médicas y pericias del Gabinete Médico Forense.
El juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos. Ordenó que los cuatro policías no puedan acercarse a menos de 200 metros de las víctimas ni mantener contacto con ellas por ningún medio.
En el plano administrativo, la Jefatura de Policía los había pasado a disponibilidad desde el 11 de agosto, una medida previa e independiente de la causa penal. Los cuatro afrontan el proceso en libertad, bajo las medidas cautelares dispuestas.
La investigación penal preparatoria tiene un plazo de cuatro meses fijado por el juez de garantías. En ese período, la fiscalía debe completar la pesquisa antes de definir si eleva la causa a juicio.