El Gobierno de Israel ordenó el martes el cierre del consulado británico en Jerusalén como represalia por las sanciones británicas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.
El anuncio lo hizo Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel. La respuesta no se limitó a la sede consular.
Israel dispuso además la retirada de los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza y el cese de las actividades británicas de entrenamiento de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania. A esas medidas sumó la prohibición de ingreso a su territorio para 12 ciudadanos británicos, entre ellos el exlíder laborista Jeremy Corbyn.
Las sanciones británicas contra los asentamientos fueron anunciadas por el secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, ante el Parlamento en Londres, y la respuesta israelí llegó el mismo día.
El paquete que detonó la crisis
Las medidas británicas apuntan a los asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional. Fueron impulsadas por la expansión de las colonias y el aumento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos.
A la prohibición de importar productos provenientes de territorios ocupados, Londres sumó sanciones contra empresas que suministren servicios financieros o productivos, restricciones a la promoción de propiedades, sanciones individuales contra promotores de violencia y nuevas prohibiciones en licencias de exportación de armas.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó el paquete. Saar acusó al Ejecutivo laborista de actuar de forma sistemática en contra de Israel.
"Digo al gobierno laborista y a todos los gobiernos del mundo que creen poder obligar a Israel a actuar en contra de nuestros intereses nacionales y de seguridad: no tienen ninguna posibilidad de éxito", advirtió.
Las restricciones británicas no son un caso aislado. Francia y Canadá prohibirán el comercio de bienes procedentes de los asentamientos. Irlanda y España ya adoptaron medidas en ese sentido.