La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de La Rioja analiza no retomar las clases el lunes 27 de julio, primer día de regreso a las aulas tras el receso invernal. El gremio rechaza el esquema salarial anunciado por el gobierno provincial, que suma apenas un 4% al sueldo básico y paga parte del aumento en Chachos, la cuasimoneda de circulación restringida dentro de la provincia.
El receso invernal de 2026 llega a su fin y las clases debían reanudarse el lunes con normalidad, pero el conflicto salarial se agravó en los últimos días.
El gobernador Ricardo Quintela presentó una propuesta que eleva el monto total que cobra cada docente, aunque deja fuera del básico la mayor parte del incremento. Ese básico es la referencia para calcular antigüedad, jerarquías y jubilaciones.
El esquema combina una suma fija remunerativa de $70.000 y un bono de $50.000 pagadero en Chachos, según el gobierno provincial. La cuasimoneda solo se acepta en comercios adheridos del territorio riojano y no circula fuera de La Rioja.
El gremio rechaza que una parte del salario se abone en una moneda sin curso legal fuera de la provincia ni en los comercios no adheridos al sistema.
La AMP objeta que la porción más grande de la mejora no se incorpora al sueldo básico. El gremio sostiene que eso afecta el cómputo de la antigüedad, las jerarquías docentes y los futuros haberes jubilatorios.
El gobierno riojano defiende su oferta. Afirma que el promedio de aumento para los empleados estatales llega a entre el 14% y el 15%, y calcula que solventar el nuevo esquema demandará $12.200 millones adicionales por mes en las cuentas provinciales.
De acuerdo con medios locales, el salario de un docente inicial rondaría el millón de pesos con la nueva estructura.
Antes del reinicio, la definición seguía abierta. El gremio debatía entre un paro inicial de 24 horas o una medida más extensa si el Ejecutivo no reabría las negociaciones. Al cierre del jueves 23, Quintela no había convocado a un nuevo encuentro.
Tampoco hay confirmación oficial sobre si el gobierno provincial declarará ilegal una eventual huelga o catalogará la educación como servicio esencial, un paso que endurecería aún más la disputa.