El Gobierno nacional impulsa en el Senado una ley de medidas energéticas para financiar el pago que la Corte Suprema le exige transferir a las universidades. La norma recortaría los beneficios tarifarios del régimen de zonas frías, que alcanza a cientos de miles de hogares en seis provincias.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso del Ejecutivo y dejó firme una medida cautelar. El fallo obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.
El artículo 5 ordena actualizar los salarios docentes y nodocentes desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación real que informa el INDEC. El artículo 6 manda recomponer de forma automática las becas estudiantiles, entre ellas las Progresar, según la inflación acumulada.
En junio el Gobierno ya acordó con el sector un aumento del 24,3%. Para cumplir el fallo por completo, sin embargo, necesita transferir alrededor de 500.000 millones de pesos adicionales a las 56 universidades nacionales, según fuentes del oficialismo.
De ahí la maniobra energética. De acuerdo con medios locales, Karina Milei instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a acelerar el tratamiento de la ley en el Senado para redirigir fondos del fideicomiso de zonas frías hacia las casas de estudio. El recorte alcanzaría a usuarios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Salta y Jujuy.
Santilli confirmó que el Gobierno cumplirá con el acuerdo universitario presentado ante la Corte. El funcionario supeditó ese cumplimiento al respeto del Presupuesto y de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Desde la oposición, el presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, reclamó que el jefe de Gabinete "garantice las adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo judicial".
El deterioro en las universidades
El reclamo llega tras casi dos años de ajuste. En la Universidad Nacional de Entre Ríos, las becas Progresar cayeron de 5.519 beneficiarios en 2023 a 2.501 en 2025, una reducción del 54,7%, según documentos oficiales obtenidos por pedido de acceso a la información pública. Las carreras de Contador Público (-64%) y Trabajo Social (-62%) figuran entre las más golpeadas.
La misma universidad no adjudica una obra ni equipamiento nuevo desde diciembre de 2023. En la UTN Regional Paraná, el 94% de los recursos se destina al pago de salarios, según su decano, Alejandro Carrere.
El rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo, describió el costo en personal. "En estos años vivimos la pérdida de valiosos investigadores y el 8% del personal docente y no docente formado, sumado a los que tuvieron que recurrir al pluriempleo. Del personal docente que renunció, el 70% tiene menos de 40 años", afirmó.
La sesión del Senado está prevista para el 16 de julio. El Labor Parlamentaria fue convocado para el miércoles próximo a las 12. El Gobierno prometió concretar los pagos adeudados a partir de agosto.