Seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron imputados el viernes por la muerte de Mauro Daniel González, de 35 años, vecino del barrio Yapeyú, ocurrida en un calabozo de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe. La formalización se concretó en una audiencia ante la jueza Cecilia Labanca.
Cinco de los acusados quedaron imputados como coautores de tormentos seguidos de muerte. El restante, por vejaciones calificadas.
Todo comenzó el 17 de enero, cuando un llamado al 911 alertó por una supuesta crisis en Yapeyú. Al lugar acudieron entre ocho y nueve patrulleros.
Durante el procedimiento, según la querella, González fue golpeado, esposado con doble esposas y trasladado en un patrullero con presión sobre la cabeza y la zona abdominal. Llegó a la dependencia cerca de las 20 con más de veinte lesiones visibles y una fractura costal.
Horas antes de su muerte hubo una orden que no se cumplió. El fiscal de turno había dispuesto su liberación a las 22:40 de ese 17 de enero, pero el personal de la Comisaría 8ª —actual Estación Policial Norte— no la ejecutó.
González murió en la madrugada del 18 de enero por asfixia tras una broncoaspiración, mientras seguía detenido en el calabozo.
Cinco efectivos por tormentos, uno por vejaciones
Los seis policías fueron aprehendidos el miércoles 1 de julio e imputados el viernes 3, a las 16:30. Cinco pertenecen al Comando Radioeléctrico y uno al Cuerpo Guardia de Infantería.
Los del Comando Radioeléctrico —identificados como Lucas A., Melisa D., Sebastián B., Facundo A. y Sabrina P.— fueron acusados como coautores de tormentos seguidos de muerte. Juan Cruz B., de Guardia de Infantería, por coautoría de vejaciones calificadas.
Contra Facundo Sebastián A. se sumaron imputaciones por vejaciones en cuatro hechos, daños y falsedad ideológica en instrumento público.
El abogado querellante de la familia, Rodolfo Mingarini, describió el estado de González al momento de la detención. "González no respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido", afirmó.
La causa se investiga bajo el Protocolo de Minnesota, la metodología que se aplica en casos de muertes bajo custodia estatal.
El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, solicitará la prisión preventiva de los seis imputados. La audiencia de medidas cautelares está prevista para los primeros días de la semana próxima.