El Gobierno nacional aplicó por primera vez la Ley 27.802, la reforma laboral, al sistema educativo. La norma obliga a los gremios docentes a garantizar al menos el 75% de la actividad escolar durante cualquier medida de fuerza, según el Ministerio de Capital Humano.
La exigencia se activó por el paro de CTERA del 3 y 4 de agosto. La medida coincide con la vuelta a clases de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero tras el receso invernal.
El artículo 24 de la ley fija ese piso del 75% para los sectores declarados de servicio esencial. En los hechos, obliga a mantener abierta la mayor parte del sistema aun cuando los gremios adhieran a la protesta.
El Ministerio anunció inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento durante los dos días de paro.
Amenaza de sanciones
El Gobierno advirtió que iniciará un proceso sancionador contra los sindicatos que no alcancen el porcentaje. «Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen», afirmó un funcionario nacional.
Es la primera vez que el Estado nacional amenaza a los gremios docentes con este tipo de penalidades económicas por una medida de fuerza.
Como referencia tomó el caso de La Fraternidad. El gremio ferroviario fue multado con más de $21.000 millones por violar una conciliación obligatoria durante un paro de la CGT. El antecedente no proviene del ámbito educativo.
El Consejo Federal de Educación se reunió el 2 de agosto para coordinar los controles en las escuelas. Lo integra Carlos Torrendell, secretario nacional de Educación.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó a través de la red social X que «se coordinaron acciones para garantizar continuidad de clases».
El conflicto de fondo
El trasfondo de la disputa es salarial. CTERA reclama la convocatoria a una paritaria nacional docente y un piso salarial de $500.000.
El Ejecutivo rechaza intervenir en esa discusión. Sostiene que la definición de los salarios corresponde a cada provincia desde la descentralización educativa de 1992, el año en que la responsabilidad salarial dejó de estar en manos de la Nación.
El Gobierno también eliminó en 2024 el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).