La Gendarmería Nacional secuestró una avioneta y detuvo a dos ciudadanos bolivianos en el Aeródromo Vespucio de General Enrique Mosconi, en el norte de Salta, a unos 70 kilómetros de la frontera con Bolivia. La aeronave, una Cessna 210 con matrícula LV-KDE, fue valuada en más de 300 millones de pesos, según la investigación judicial.
Los detenidos fueron identificados como Diego Moreno Ayala y Carmelo Medina Parada, este último señalado como piloto.
Todo comenzó el 9 de julio, cerca de las 16:40, cuando la avioneta aterrizó en el aeródromo sin plan de vuelo registrado ante la Fuerza Aérea Argentina, según la Gendarmería.
El relato de la tripulación no cerraba. Los ocupantes declararon oralmente que habían despegado desde Paraná, pero en el plan de vuelo presentado en la torre de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) figuraba Santiago del Estero como punto de origen.
Los investigadores sumaron otro dato: los tripulantes se habían alojado ocho noches en un hotel de General Mosconi, un período que consideraron inusualmente prolongado.
En el procedimiento, la Unidad de Investigaciones Antidrogas Aguaray de Gendarmería también secuestró un iPhone 13 Pro, un teléfono Samsung A04, tres bidones de combustible vacíos y documentación de interés para la causa.
La causa quedó caratulada como tentativa de contrabando de exportación agravado y ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica, en el marco de la Ley 23.737 de tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía Federal de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Romina Orsetti, pidió la prisión preventiva de los dos imputados. El Juzgado Federal de Orán, del juez Jorge Gustavo Montoya, la concedió por 80 días en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.
El antecedente del piloto
Medina Parada no era desconocido para la Justicia. El 19 de septiembre de 2010 fue detenido en Iruña, en el distrito paraguayo de Alto Paraná, tras un aterrizaje de emergencia en el que la aeronave capotó con 440 kilogramos de cocaína a bordo.
Por ese hecho fue condenado a 20 años de prisión en Paraguay.
La investigación estuvo a cargo de la unidad Aguaray de Gendarmería, con intervención de la Fuerza Aérea Argentina y la EANA. La instrucción sigue bajo la órbita del secretario federal Rafael Lamas.