El Senado de la Nación debate este domingo el proyecto que reformaría la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales para habilitar empresas cuya gestión quede a cargo de inteligencia artificial. La cámara analiza los 277 artículos del texto, con comisiones revisando su contenido.
De aprobarse, Argentina sería el primer país del mundo en reconocer legalmente a entidades comerciales administradas por IA.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, introduce dos figuras societarias inéditas. Las sociedades automatizadas quedarían gestionadas por software o robots, con la obligación de designar un administrador humano que supervise las operaciones del sistema. Las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas, funcionarían sobre contratos inteligentes y blockchain.
El texto también digitaliza por completo el sistema societario argentino.
La iniciativa fue elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto al profesor de Derecho Diego Duprat. Integra la estrategia del Gobierno para atraer capital tecnológico y modernizar el marco regulatorio empresarial.
«¿Va a funcionar esto? No lo sabemos. ¿Vale la pena para la Argentina intentarlo? Claro que sí», planteó Sturzenegger. En otra intervención sostuvo que no hay «ningún motivo para pensar que la inteligencia artificial va a ser más insegura que un humano».
Entusiasmo y objeciones técnicas
Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation, describió el proyecto como «audaz, que no tiene precedente en el mundo».
Lawrence Cunningham, jurista de la Universidad de Delaware, matizó los alcances. «No estamos cambiando el mundo, sino que reconocemos que se puede dirigir una empresa sin ningún departamento de recursos humanos», afirmó.
Las advertencias llegan desde el terreno técnico. El ingeniero informático Lucas Arias, de la UTN, considera que la reforma va en la dirección correcta, aunque señala que falta definir quién responde legalmente cuando un sistema autónomo causa un daño.
Hugo Delboy, especialista en soportes técnicos, reclama que el texto incorpore definiciones de los parámetros de IA aceptables, estándares de auditoría y mecanismos de supervisión activa.
La autora especializada Irina Sternik cuestiona la falta de participación de organizaciones civiles en el proceso legislativo y la utilidad de habilitar empresas sin ninguna presencia humana.
El debate avanza mientras grandes tecnológicas exploran inversiones en el país. En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron planes para instalar un centro de datos en la Patagonia por hasta US$ 25.000 millones.
El presidente Javier Milei defendió el potencial de estos sistemas, que a su criterio «ejercerían un juicio independiente en entornos impredecibles», en declaraciones al Financial Times.